Violencia armada
Actualmente circulan en el mundo alrededor de 875 millones de armas convencionales, producidas en 98 países por más de 1.135 empresas. Se estima que más de 500.000 civiles mueren cada año como consecuencia del uso indebido de armas: una persona por minuto.
Problema
Las armas son un medio que facilita la perpetuación de los más diversos tipos de delitos y violaciones de derechos humanos, desde crímenes contra poblaciones enteras hasta crímenes de género como la violación. El problema de las armas no se limita a las zonas de conflicto. Estudios muestran que dos de cada tres personas muertas por armas de fuego provienen de regiones en paz.
Hasta 2013, no existía un tratado global que regulara el comercio internacional de armas. Las transferencias de armas podían realizarse libremente hacia Estados y/o actores no estatales involucrados en violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La ausencia de una amplia regulación del comercio de armas convencionales facilita que estas lleguen a manos de criminales.
campañas
La sociedad civil desempeña un papel fundamental en la prevención de la violencia armada y en el desarrollo de las normas internacionales sobre el control de armas. Organizaciones y redes internacionales trabajan en la producción de investigaciones, el monitoreo de las transferencias de armas, la incidencia ante gobiernos y organismos multilaterales, la participación en negociaciones internacionales y la defensa de los derechos de las personas y comunidades afectadas por la violencia.
Una de las principales redes internacionales en este ámbito es la International Action Network on Small Arms (IANSA), integrada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan para reducir los daños causados por la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas y ligeras. La red busca fortalecer las políticas nacionales e internacionales de control de armas, ampliar la participación de la sociedad civil en los debates de las Naciones Unidas y promover la implementación de los compromisos asumidos por los Estados.
Entre las movilizaciones promovidas por IANSA se encuentra la Global Week of Action Against Gun Violence, que reúne a organizaciones, activistas y comunidades de diferentes países en acciones de concientización, educación e incidencia política. La campaña busca llamar la atención sobre los impactos humanos de la violencia armada y sobre la necesidad de políticas capaces de prevenir muertes, reducir la circulación ilícita y fortalecer el control de armas y municiones.
Otra importante iniciativa internacional es Control Arms, creada en 2003 con el objetivo de promover y apoyar la creación de un tratado internacional para regular el comercio de armas. Es una coalición compuesta por 100 grupos y organizaciones presentes en diversos países.
Control Arms lideró el movimiento global para la creación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado en 2013, mediante acciones de incidencia, investigación, análisis de políticas, movilización popular internacional y participación de los medios de comunicación, trabajando con más de 300 organizaciones asociadas en todas las regiones del mundo. Una de las estrategias de difusión de la campaña fue el eslogan de que, en el mundo, el comercio de bananas está más regulado que el de armas, llamando la atención sobre la ausencia de controles.
En 2011 se creó el Secretariado de Control Arms, que pasó a representar a sectores de la sociedad civil en las conferencias diplomáticas sobre el tema. Actualmente, su trabajo se concentra en los esfuerzos por lograr la universalización del TCA y la implementación de las obligaciones establecidas.
instrumentos internacionales
No existe un único tratado internacional dedicado exclusivamente a la prevención de todas las formas de violencia armada. En cambio, diferentes instrumentos internacionales abordan partes complementarias del problema. Algunos regulan el comercio internacional de armas, mientras que otros buscan combatir el tráfico ilícito, establecer mecanismos de marcado y rastreo o fortalecer la gestión de existencias y municiones.
En conjunto, estos instrumentos buscan reducir las posibilidades de que las armas y municiones sean desviadas hacia mercados ilícitos o utilizadas en conflictos, en la criminalidad y en graves violaciones de los derechos humanos. También establecen mecanismos de cooperación internacional, intercambio de información y fortalecimiento de las capacidades nacionales de control.
Tratado sobre el Comercio de Armas – Arms Trade Treaty (ATT)
El Tratado sobre el Comercio de Armas fue adoptado en 2013 y entró en vigor en diciembre de 2014. Establece normas internacionales para regular las transferencias de armas convencionales, incluidos tanques de batalla, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves y helicópteros de combate, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, además de armas pequeñas y ligeras. El Tratado representó un cambio importante en la regulación internacional del comercio de armas, ya que estableció que las decisiones sobre transferencias no deben considerar únicamente intereses económicos, comerciales o estratégicos. Los Estados también deben evaluar las posibles consecuencias humanitarias de las armas transferidas y los riesgos asociados a su utilización.
El ATT prohíbe determinadas transferencias y establece que los Estados exportadores deben realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar las exportaciones. Estas evaluaciones deben considerar, entre otros factores, la posibilidad de que las armas sean utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.
El Tratado también establece medidas destinadas a prevenir el desvío, situación en la que armas originalmente transferidas de manera legal terminan llegando a usuarios, organizaciones o mercados no autorizados. Para ello, fomenta la cooperación, el intercambio de información y la adopción de sistemas nacionales de control de las transferencias.
De esta manera, el ATT consolida una noción de responsabilidad en el comercio internacional de armamentos. Los Estados exportadores, importadores y aquellos involucrados en el tránsito de armas tienen responsabilidades relacionadas no solo con la legalidad de la transferencia, sino también con los riesgos derivados de ella.
Programme of Action on Small Arms and Light Weapons – PoA
El Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos fue adoptado en 2001, como respuesta al reconocimiento de que la circulación ilícita de estas armas contribuye a conflictos, criminalidad, violencia e inestabilidad en diversas regiones del mundo. El Programa orienta a los Estados a adoptar medidas nacionales, regionales e internacionales para fortalecer el control de las armas pequeñas y ligeras. Entre ellas se encuentran el desarrollo de legislaciones e instituciones nacionales, la gestión segura de existencias, el combate al tráfico ilícito, la cooperación entre países, el intercambio de información y la destrucción de armas excedentes o incautadas.
A diferencia de un tratado internacional, el PoA no es jurídicamente vinculante. Aun así, se ha convertido en uno de los principales marcos políticos globales para la cooperación en materia de armas pequeñas y ligeras y ha creado un proceso continuo de seguimiento de su implementación. Los Estados se reúnen periódicamente en el ámbito de las Naciones Unidas para evaluar los avances logrados, compartir buenas prácticas y discutir nuevos desafíos. Este proceso permite incorporar al debate internacional cuestiones como las tecnologías emergentes, las nuevas formas de tráfico, la cooperación regional, el rastreo y la gestión de existencias.
International Tracing Instrument – ITI
El International Tracing Instrument (ITI) complementa el Programme of Action y establece compromisos relacionados con el marcado, el mantenimiento de registros y el rastreo de armas pequeñas y ligeras ilícitas. Su objetivo es permitir que los Estados puedan identificar y reconstruir la trayectoria de las armas encontradas en circulación ilegal.
Para que un arma pueda ser rastreada, es necesario que cuente con marcas adecuadas y que existan registros confiables sobre su fabricación, importación, exportación y otras transferencias. Esta información permite determinar dónde fue producida un arma, por qué agentes pasó y en qué momento pudo haberse producido un desvío hacia el mercado ilícito.
El rastreo es importante no solo para investigaciones criminales individuales. Cuando se realiza de manera sistemática, también permite identificar patrones de desvío, rutas de tráfico, intermediarios y fuentes recurrentes de abastecimiento de organizaciones criminales u otros grupos armados. La cooperación internacional es esencial en este proceso, ya que un arma puede ser fabricada en un país, comercializada en otro y decomisada en un tercero. El ITI busca precisamente establecer estándares comunes que faciliten el intercambio de información y las solicitudes de rastreo entre diferentes Estados.
Global Framework for Through-life Conventional Ammunition Management – GFA
El control de armas, por sí solo, no es suficiente para hacer frente a la violencia armada. La disponibilidad y circulación de municiones también son elementos centrales, ya que un arma puede permanecer en circulación durante décadas y continuar siendo utilizada mientras exista acceso a nuevas municiones.
El Global Framework for Through-life Conventional Ammunition Management, adoptado en 2023, establece un marco internacional para promover una gestión segura, protegida y sostenible de las municiones convencionales durante todo su ciclo de vida. El documento aborda etapas que van desde la fabricación y el almacenamiento hasta el transporte, la transferencia, la utilización y la disposición final.
Una gestión inadecuada de las existencias de municiones puede generar diferentes riesgos. Entre ellos se encuentran las explosiones accidentales en depósitos, capaces de provocar grandes pérdidas humanas y materiales, y el desvío de municiones hacia organizaciones criminales, grupos armados o mercados ilícitos.
El GFA busca fortalecer los estándares nacionales de seguridad, gestión de existencias, registro, transporte y disposición de municiones, además de fomentar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas. Aunque no es jurídicamente vinculante, el marco representa un avance importante en la inclusión de las municiones como parte central de las políticas internacionales de prevención de la violencia armada.
Protocolo sobre Armas de Fuego
El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y aborda principalmente la dimensión criminal del comercio ilícito de armas.
El Protocolo establece medidas destinadas a prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. Entre los temas tratados se encuentran el marcado de armas, el mantenimiento de registros, la concesión de licencias para importaciones y exportaciones, la seguridad de las transferencias y la cooperación entre autoridades nacionales.
Su papel es especialmente importante para enfrentar las redes transnacionales de tráfico. Como las armas, piezas y municiones pueden atravesar diferentes jurisdicciones antes de llegar al usuario final, la cooperación entre los Estados es indispensable para identificar rutas, investigar organizaciones criminales e interrumpir los flujos ilícitos.
El Protocolo, el Programme of Action, el International Tracing Instrument y el Tratado sobre el Comercio de Armas tienen enfoques diferentes, pero complementarios. Mientras algunos instrumentos están orientados principalmente al combate contra el tráfico y al rastreo, otros regulan las transferencias internacionales o establecen compromisos más amplios de control. En conjunto, forman parte de la arquitectura internacional para prevenir la proliferación ilícita y la violencia armada.
¿Y Brasil?
La violencia armada tiene especial relevancia para Brasil. El país convive históricamente con altos niveles de violencia letal, profundas desigualdades sociales y territoriales y una presencia significativa de armas de fuego en diferentes formas de criminalidad y violencia. Al mismo tiempo, Brasil cuenta con una industria de defensa relevante y participa en el mercado internacional de armas convencionales, lo que genera responsabilidades tanto en relación con el control interno como con las transferencias internacionales.
La prevención de la violencia armada en el país involucra, por lo tanto, diferentes dimensiones. Es necesario controlar las armas legalmente registradas, prevenir robos, hurtos y desvíos, combatir el tráfico nacional e internacional, mejorar el rastreo de las armas incautadas, fortalecer el control de las municiones y producir información capaz de orientar las políticas públicas. También es fundamental considerar las desigualdades que hacen que determinadas poblaciones y territorios sean desproporcionadamente afectados por la violencia.
Brasil y el Tratado sobre el Comercio de Armas
Brasil firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas en 2013 y lo ratificó en septiembre de 2018. Como Estado Parte, está sujeto a las obligaciones relacionadas con el control de las transferencias internacionales de armamentos, la prevención del desvío y la presentación de la información y los informes previstos por el Tratado.
La participación brasileña en el ATT tiene especial relevancia debido a la posición del país como productor y exportador de diferentes categorías de armamentos. Las decisiones brasileñas sobre exportaciones pueden, por lo tanto, producir efectos más allá de sus fronteras y deben considerar los criterios humanitarios, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario previstos por el Tratado.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han defendido una mayor transparencia sobre las autorizaciones de exportación, los países de destino, los tipos y cantidades de armamentos transferidos y los criterios utilizados en las evaluaciones de riesgo. La disponibilidad de esta información es importante para que la sociedad pueda evaluar si las transferencias autorizadas por el Estado brasileño son compatibles con sus obligaciones internacionales.
El debate brasileño también implica la necesidad de conciliar estas obligaciones con cuestiones relacionadas con la legítima defensa, la política exterior y los intereses de la industria nacional de defensa. El desafío consiste en garantizar que las consideraciones económicas y estratégicas no vacíen los criterios humanitarios y de derechos humanos que constituyen una de las bases del Tratado.
Brasil y el Programme of Action
Brasil participa en el Programme of Action on Small Arms and Light Weapons desde su adopción, en 2001, y acompaña las reuniones internacionales dedicadas a la implementación del Programa. El PoA tiene especial importancia para el país ante los desafíos relacionados con el tráfico transnacional, el desvío de armamentos y la circulación de armas pequeñas y ligeras en contextos de criminalidad y violencia.
Su implementación involucra diferentes áreas del Estado, incluidas la seguridad pública, la defensa, el control de fronteras, la justicia, las relaciones exteriores y los sistemas responsables del registro y la fiscalización de armas. Esto hace necesaria una coordinación permanente entre diferentes instituciones y niveles de gobierno.
La producción y divulgación de información también son fundamentales. Los informes nacionales, los datos sobre incautaciones y la información sobre las políticas de control permiten acompañar la implementación de los compromisos asumidos por Brasil e identificar las brechas que deben ser abordadas.
Brasil y el rastreo de armas
Brasil apoya el International Tracing Instrument y cuenta con mecanismos nacionales de marcado y registro de armas de fuego. Sin embargo, la existencia de registros no garantiza, por sí sola, un rastreo eficiente. Es necesario que los sistemas sean confiables, estén actualizados y sean capaces de compartir información entre las diferentes autoridades responsables del control y la investigación.
Este desafío es particularmente importante en un país de dimensiones continentales, con diferentes instituciones que actúan en el registro, la fiscalización y la incautación de armas. El fortalecimiento de la integración entre las bases de datos y de la cooperación entre los organismos puede aumentar significativamente la capacidad de identificar el origen de las armas encontradas en situaciones de criminalidad.
El rastreo sistemático también tiene una dimensión preventiva. Al identificar patrones recurrentes de desvío, determinadas rutas de tráfico o fuentes de abastecimiento, el Estado puede desarrollar políticas más específicas e interrumpir los flujos antes de que nuevas armas lleguen a los mercados ilícitos.
Brasil y la gestión de municiones
Brasil apoyó la adopción del Global Framework for Through-life Conventional Ammunition Management en 2023. La implementación de sus compromisos ofrece una oportunidad para fortalecer los estándares nacionales de almacenamiento, transporte, registro, control y disposición final de municiones.
Este tema es relevante tanto para las existencias mantenidas por instituciones públicas como para la prevención de robos, pérdidas, desvíos y accidentes. Una gestión más eficiente de las municiones puede contribuir no solo a aumentar la seguridad física de los depósitos, sino también a dificultar el abastecimiento de organizaciones criminales y otros actores involucrados en la violencia armada.
El control de las municiones también puede producir información importante sobre los flujos de la violencia. Los datos sobre el origen, lote, circulación e incautación de municiones pueden complementar el rastreo de las propias armas y ayudar a identificar redes de abastecimiento.
Brasil y el Protocolo sobre Armas de Fuego
Brasil es Estado Parte del Protocolo sobre Armas de Fuego, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Su implementación es especialmente relevante debido a la extensión de las fronteras brasileñas y a la existencia de flujos transnacionales de armas, piezas, componentes y municiones en América del Sur.
El combate contra estos flujos depende de la cooperación entre países, del intercambio de información, de investigaciones conjuntas y de mecanismos eficientes de control de las importaciones, exportaciones y del tránsito internacional. Ningún país puede enfrentar de manera aislada redes de tráfico que operan en diferentes jurisdicciones.
Al mismo tiempo, es importante reconocer que el tráfico internacional representa solo una de las posibles fuentes de armas utilizadas en la violencia. Las armas desviadas de mercados legales nacionales también pueden abastecer actividades ilícitas, lo que refuerza la necesidad de combinar el control de fronteras con el rastreo, la fiscalización interna y una gestión adecuada de las existencias.
El desafío brasileño
La prevención de la violencia armada en Brasil no depende de una única política ni puede reducirse únicamente al combate contra el crimen. Requiere una combinación de medidas de prevención de la violencia, control de armas y municiones, fiscalización de las transferencias, combate al tráfico, mejora del rastreo, integración de sistemas de información, gestión segura de existencias y responsabilización por desvíos y usos abusivos.
También exige enfrentar las desigualdades que hacen que determinados grupos y territorios sean desproporcionadamente afectados por la violencia. Una política basada en los derechos humanos debe considerar no solo cuántas personas son víctimas de la violencia armada, sino quiénes son esas personas, dónde viven, qué derechos dejan de ejercer y qué condiciones contribuyen a la continuidad de la violencia.
La transparencia y la participación de la sociedad civil también son fundamentales. La información sobre armas incautadas, rastreo, existencias, importaciones, exportaciones e implementación de los compromisos internacionales permite identificar problemas, evaluar políticas públicas y exigir respuestas de las autoridades.
Enfrentar la violencia armada significa, en última instancia, ir más allá de la reducción de las estadísticas de homicidios. Significa construir condiciones para que las personas y las comunidades puedan vivir sin miedo, utilizar los espacios públicos, asistir a escuelas y servicios de salud, trabajar, participar en la vida colectiva y ejercer plenamente sus derechos.