Armas autónomas
Desde comienzos del siglo XXI, el uso de vehículos armados no tripulados y los avances tecnológicos han llevado a investigadores y organizaciones a buscar el desarrollo de sistemas de armas autónomas. Dichas armas serán capaces de apuntar y disparar contra objetivos sin ninguna intervención humana, siendo verdaderos robots asesinos y planteando nuevos desafíos jurídicos y humanitarios.
Problema
Sustituir tropas humanas por máquinas podría hacer más fácil la decisión de entrar en guerra. Los robots no poseen la capacidad de juicio humano necesaria para analizar situaciones complejas, distinguir entre civiles y combatientes y evaluar la proporcionalidad de un ataque, como exige el Derecho Internacional Humanitario.
El uso de armas autónomas también dificultará la identificación del responsable de los ataques, ya que no está claro quién será jurídicamente responsable por las acciones del robot: el comandante, el programador, la empresa fabricante o el propio robot. Todo ello hará a la población civil más vulnerable, dada la mayor facilidad para entrar en guerra y la falta de incentivos para cumplir las normas del derecho de la guerra.
campaña
Stop Killer Robots (Campaña contra los Robots Asesinos) fue creada en 2013 con el objetivo de prohibir de forma preventiva las armas autónomas letales. Es una coalición global formada por más de 60 organizaciones presentes en 26 países.
Stop Killer Robots aboga por la inclusión de este tema en los foros internacionales de discusión y por que los países trabajen hacia la prohibición total de las armas autónomas letales, teniendo en cuenta las consecuencias éticas, legales, políticas y técnicas del uso de estas armas. Además, representa a sectores de la sociedad civil en conferencias diplomáticas internacionales celebradas en el ámbito de la ONU.
solución
La única manera de evitar que las máquinas tomen decisiones sobre ataques en la guerra y de garantizar la protección de la población civil es mediante una prohibición preventiva y total del desarrollo, la producción y el uso de armas autónomas letales. Esto puede lograrse a través de un tratado internacional o mediante medidas nacionales adoptadas por los Estados de forma individual.
Permitir que las decisiones de guerra sean tomadas por máquinas autónomas sobrepasa límites éticos y morales. El control humano sobre cualquier arma de combate es esencial para garantizar el respeto de los principios humanitarios y una responsabilidad jurídica efectiva.
En 2013, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales, el profesor Christof Heyns, publicó un informe sobre armas autónomas letales, recomendando a todos los Estados: i) establecer una moratoria sobre estas armas, ii) comprometerse a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, iii) ser transparentes respecto a sus programas de armas autónomas, y iv) participar en el debate internacional sobre el tema. Cumplir con tales recomendaciones es un buen comienzo para abordar estos nuevos desafíos.
¿Y Brasil?
Brasil ha sido un defensor activo de la regulación internacional de los sistemas de armas autónomas letales. Participa regularmente en las reuniones de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) y apoya la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre el tema. En 2024, Brasil copatrocinó y votó a favor de la Resolución L.77 en la 79ª Asamblea General de la ONU, que reconoce los riesgos para la seguridad global y regional de estos sistemas y destaca la importancia del control humano en el uso de la fuerza, en conformidad con el derecho internacional. El país también apoyó la Resolución 78/241 de la ONU, que solicitó un informe del Secretario General sobre los desafíos éticos, legales, humanitarios y tecnológicos de las armas autónomas.
Desde 2020, Brasil ha reiterado su posición clara a favor de un instrumento jurídico que garantice un control humano significativo sobre las funciones críticas de estos sistemas. El país advierte que el rápido avance tecnológico puede superar los esfuerzos diplomáticos y comprometer los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la dignidad humana. En sus declaraciones, Brasil también ha señalado que, aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer apoyo a la toma de decisiones, también incrementa los riesgos de imprevisibilidad, sesgo y escalada de conflictos, lo que exige una regulación urgente.